La discriminación estructural, la explotación laboral y las barreras de acceso a servicios básicos siguen marcando la vida de muchas personas migrantes en los pueblos. El Centro de Desarrollo Rural Carrión de los Condes advierte de una realidad enquistada que afecta especialmente a mujeres y a personas en situación administrativa irregular.

Una desigualdad que no desaparece con la despoblación

El medio rural continúa siendo un espacio de oportunidades, pero también de profundas desigualdades. Entre ellas, el racismo y la vulneración de derechos hacia la población migrante se mantienen como una realidad estructural, persistente y, en muchos casos, invisibilizada. Así lo constata el informe Perspectiva sobre vulneraciones de derechos de las personas migrantes en el medio rural, elaborado a partir del trabajo de doce centros de desarrollo rural integrados en COCEDER.

El documento señala que, pese a determinados avances normativos, el acceso efectivo a derechos fundamentales —empleo, vivienda, sanidad o educación— continúa plagado de obstáculos, especialmente en territorios marcados por la dispersión geográfica, la escasez de recursos públicos y la debilidad de los mecanismos de control.

Explotación laboral y dependencia extrema

Entre las vulneraciones más frecuentes destaca la explotación laboral, un fenómeno especialmente grave en el medio rural. Jornadas que superan los límites legales, salarios muy por debajo del mínimo establecido, ausencia de descansos, amenazas o retención de documentación configuran relaciones laborales profundamente desiguales, en las que la persona trabajadora queda en una situación de dependencia total respecto a quien la emplea.

El informe advierte de que estas prácticas no son hechos aislados, sino patrones reiterados que se reproducen en distintos territorios del Estado. La falta de alternativas laborales y la necesidad de mantener ingresos empujan a muchas personas migrantes a aceptar condiciones abusivas, con un impacto directo en su salud física y mental.

Mujeres migrantes: la vulnerabilidad dentro de la vulnerabilidad

La situación es especialmente preocupante en el caso de las mujeres migrantes, que concentran los mayores niveles de riesgo. Empleadas mayoritariamente en el sector de los cuidados —con frecuencia como trabajadoras internas—, muchas de ellas se enfrentan a una doble discriminación: por su origen y por su género. La precariedad, el aislamiento y la falta de supervisión favorecen situaciones de abuso prolongado, invisibles para el entorno.

Discursos de odio y deterioro de la convivencia

El análisis también alerta del crecimiento de discursos racistas y xenófobos, especialmente en redes sociales. La normalización de mensajes de odio contribuye a generar un clima social que legitima la discriminación y erosiona la convivencia en los pueblos, dificultando los procesos de integración y participación comunitaria.

Barreras en el acceso a servicios públicos

Las entidades sociales detectan, además, obstáculos reiterados en el acceso a servicios públicos esenciales. Dificultades para empadronarse, trabas administrativas que impiden el acceso a la sanidad o a ayudas educativas, ausencia de canales de denuncia seguros para personas en situación administrativa irregular y una insuficiente formación en diversidad cultural en algunos servicios públicos forman parte de una realidad que condiciona la vida cotidiana de la población migrante.

El foco en el medio rural palentino

Desde el CDR Carrión de los Condes se subraya que estas dinámicas también están presentes en el entorno rural palentino. En los últimos años se han detectado situaciones de discriminación, dificultades de acceso a derechos básicos y agresiones vinculadas al origen o al idioma. Frente a ello, la entidad reivindica el valor del acompañamiento comunitario, el trabajo social de proximidad y la implicación del tejido local como herramientas fundamentales para prevenir nuevas vulneraciones.

El informe se enmarca en el programa estatal Ciudadanía Inclusiva, combatiendo el racismo y la xenofobia en el medio rural, impulsado por COCEDER y financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con cargo al 0,7 % del IRPF.