El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 prepara una normativa estatal para prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años, una restricción que se ampliará hasta los 18 años en aquellos productos que superen los 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros. La iniciativa fue anunciada este martes por el ministro Pablo Bustinduy, en Barcelona, y supone un nuevo paso en la estrategia del Gobierno para reforzar la protección de la salud infantil y adolescente.
Bustinduy avanzó la medida antes de reunirse con representantes de la Gasol Foundation, entidad de referencia en la lucha contra la obesidad infantil a través de programas de promoción de hábitos de vida saludables. Según explicó, la futura regulación responde tanto a la evidencia científica disponible como a un amplio respaldo social, especialmente entre la población joven.
Amplio respaldo social y percepción de riesgo
El ministro fundamentó el anuncio en los datos del último barómetro sobre publicidad y consumo de bebidas energéticas elaborado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que refleja que nueve de cada diez personas en España están a favor de prohibir estas bebidas a menores. El apoyo alcanza también a los jóvenes: el 88,3 % de las personas de entre 18 y 35 años respalda la medida.
El estudio evidencia, además, una clara percepción de riesgo asociada al consumo habitual de este tipo de productos. Uno de cada cuatro encuestados reconoce consumir bebidas energéticas, con una media de dos veces por semana. Entre quienes las toman, casi la mitad (49 %) consume al menos una al día, y el 47 % admite mezclarlas regularmente con alcohol, una práctica especialmente preocupante desde el punto de vista sanitario.
Riesgos acreditados para la salud
La iniciativa se apoya en el informe científico publicado en 2021 por el Comité Científico de la AESAN, que alertaba de los efectos fisiológicos adversos del consumo excesivo de cafeína, especialmente en menores. Entre ellos se incluyen alteraciones del sueño —tanto en la conciliación como en su duración—, efectos psicológicos, cambios en el comportamiento y trastornos cardiovasculares.
A este trabajo se suma la labor del grupo de trabajo sobre bebidas energéticas, coordinado por la AESAN con la participación de distintos ministerios y comunidades autónomas, que viene reclamando una regulación homogénea a nivel estatal.
Una normativa alineada con Europa y las comunidades autónomas
Bustinduy subrayó que la futura regulación española se alinea con las medidas adoptadas en países como Alemania, Noruega, Letonia, Polonia, Hungría o Lituania, así como con las restricciones ya vigentes en algunas comunidades autónomas, entre ellas Galicia y Asturias. A juicio del Ministerio, esta diversidad normativa refuerza la necesidad de armonizar la legislación en todo el país para garantizar la unidad de mercado y una protección efectiva de los menores.
La propuesta se sumará, además, a la prohibición de vender bebidas energéticas en centros escolares, ya en vigor tras la aprobación del Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles impulsado por Consumo en 2025.
Limitación de la publicidad de alimentos no saludables
En paralelo a la restricción de las bebidas energéticas, el Ministerio pondrá en marcha una regulación específica de la publicidad de alimentos no saludables dirigida a menores de edad. “Son anuncios nocivos para su salud y existe un clamor social para ponerles freno”, afirmó Bustinduy.
El barómetro de la AESAN revela que casi el 80 % de la población considera necesario prohibir la publicidad de alimentos no saludables dirigida a niñas, niños y adolescentes. Los datos son contundentes: cada menor recibe más de 4.000 anuncios de comida no saludable al año a través de la televisión, lo que equivale a 11 impactos diarios, cifra que se eleva hasta 30 anuncios al día si se suman otros canales como redes sociales y plataformas digitales.
Recomendaciones de la OMS y presión publicitaria
Las medidas anunciadas se ajustan a las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), que advierte de que la exposición continuada a este tipo de publicidad incrementa la ingesta calórica, fomenta el consumo de productos poco nutritivos y tiene un impacto negativo y sostenido en la salud infantil.
La OMS alerta, además, de que estas campañas utilizan técnicas persuasivas especialmente eficaces entre los más jóvenes, como el recurso a influencers o ídolos deportivos, y mensajes emocionales que asocian el consumo de estos productos con diversión y éxito social.
Una cuestión de salud pública y derechos de la infancia
Bustinduy insistió en que el 80 % de la población infantil y adolescente en España consume alimentos y bebidas no saludables, según datos de la Gasol Foundation, un problema que afecta con mayor intensidad a las familias con menos recursos.
“Las empresas del sector tienen el deber de no promover productos que perjudiquen el derecho a la salud de la infancia”, señaló el ministro, quien defendió la acción normativa como una cuestión de salud pública y de garantía de derechos, aunque ello implique “poner coto a los poderosos”.
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