El Registro Central de información sobre violencia contra la infancia y la adolescencia reunirá datos del poder judicial, fuerzas de seguridad, servicios sociales y administraciones públicas para mejorar las políticas de protección.

El Gobierno y las comunidades autónomas pondrán en marcha el Registro Central de información sobre violencia contra la infancia y la adolescencia, RCIVIA, una herramienta estatal destinada a reunir datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los servicios sociales y las distintas administraciones públicas. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, informó de esta medida en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada el 16 de julio.

El Ejecutivo aprobará un real decreto para desarrollar este registro, previsto en la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, LOPIVI. La norma de 2021 ya contemplaba la creación de un sistema centralizado para compartir información y conocer de forma uniforme la situación de la violencia ejercida contra niños, niñas y adolescentes.

Un mapa común frente a la violencia

El RCIVIA busca corregir uno de los grandes problemas en la protección de la infancia: la dispersión de datos. Los casos de violencia pueden aparecer en juzgados, cuerpos policiales, servicios sociales, entidades públicas de protección, centros educativos, servicios sanitarios o administraciones territoriales, pero esa información no siempre se integra de forma homogénea.

La finalidad del registro será recopilar información que permita conocer mejor la situación real de la violencia contra la infancia y la adolescencia. Ese conocimiento deberá servir para diseñar políticas públicas más precisas, reforzar la prevención y mejorar la coordinación entre las entidades que intervienen en la protección de las personas menores de edad.

La medida introduce una lógica de sistema. Frente a respuestas fragmentadas, el Gobierno plantea una herramienta capaz de ordenar datos, detectar patrones y facilitar una visión compartida entre administraciones.

También se creará el RUSSVI

Junto al RCIVIA, el Ministerio de Juventud e Infancia impulsará el Registro Unificado de Servicios Sociales sobre Violencia contra la Infancia, RUSSVI. La información recabada por este segundo registro se incorporará también al sistema central.

El RUSSVI sustituye y actualiza el antiguo Registro Unificado de Maltrato Infantil, ampliando su enfoque hacia la violencia contra la infancia desde los servicios sociales. El Ministerio ya recoge que la información estadística procedente de la atención primaria social y de las entidades públicas de protección deberá integrarse en este registro.

La creación de ambos mecanismos responde al mandato de la LOPIVI y pretende mejorar la calidad de la información disponible. En protección infantil, los datos no son un elemento administrativo secundario: permiten medir, anticipar, prevenir y ajustar recursos.

La LOPIVI avanza en su desarrollo

La Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia fue aprobada en 2021 con un enfoque amplio, orientado a prevenir, detectar y reparar situaciones de violencia. Su despliegue requiere desarrollar instrumentos concretos, entre ellos los registros de información.

El nuevo real decreto dará forma a una de las piezas técnicas pendientes. Deberá concretar qué información se aporta, cómo se estructura, qué administraciones participan y mediante qué procedimiento se suministran los datos al registro central.

La coordinación será uno de los aspectos más sensibles. La violencia contra la infancia atraviesa competencias estatales, autonómicas y locales, además de sistemas judiciales, policiales, educativos, sanitarios y sociales. Un registro eficaz tendrá que ordenar esa complejidad sin perder garantías de protección de datos y confidencialidad.

Más fondos para infancia migrante no acompañada

La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia ratificó también la transferencia de 35 millones de euros a comunidades y ciudades autónomas para la atención de la infancia migrante no acompañada. El reparto había sido aprobado previamente por el Consejo de Ministros.

La distribución reserva mayores cantidades a los territorios sometidos a más presión migratoria por su situación geográfica. Canarias recibirá 4 millones de euros, Illes Balears 2 millones, Ceuta 5,5 millones y Melilla 4 millones. El resto se reparte proporcionalmente entre las demás comunidades, en función de la acogida actual de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.

El Gobierno vincula esta financiación al refuerzo de los sistemas de acogida y atención. La medida se suma a la actualización de la capacidad ordinaria de protección y tutela de personas menores extranjeras no acompañadas, aprobada mediante el Real Decreto 556/2026.

Castilla y León recibirá 740.629 euros

Castilla y León contará con 740.629 euros dentro del reparto estatal de 35 millones. La misma cantidad se asigna a Galicia, mientras otras comunidades con menor presión de acogida directa reciben importes inferiores y los territorios de entrada soportan asignaciones superiores.

La cuantía para Castilla y León forma parte del reparto proporcional entre comunidades autónomas que atienden actualmente a infancia migrante no acompañada. En este tipo de políticas, la financiación busca sostener recursos de acogida, acompañamiento, escolarización, apoyo psicosocial, inclusión social y atención integral.

El debate territorial se mantiene abierto porque la acogida de infancia migrante exige capacidad residencial, equipos profesionales, acompañamiento jurídico, coordinación educativa y servicios especializados. La financiación estatal trata de aliviar parte de esa carga, especialmente en los territorios con sistemas sometidos a mayor tensión.

Reparto de los 35 millones

Andalucía: 4.038.476 euros.

Aragón: 574.168 euros.

Asturias: 255.722 euros.

Cantabria: 236.422 euros.

Canarias: 4.000.000 euros.

Castilla-La Mancha: 591.055 euros.

Castilla y León: 740.629 euros.

Cataluña: 3.650.068 euros.

Ceuta: 5.500.000 euros.

Comunidad Valenciana: 2.588.581 euros.

Extremadura: 868.489 euros.

Galicia: 740.629 euros.

Illes Balears: 2.000.000 euros.

Comunidad de Madrid: 3.630.768 euros.

Melilla: 4.000.000 euros.

Región de Murcia: 1.355.808 euros.

La Rioja: 229.185 euros.

Datos para proteger mejor

La creación de los registros y la transferencia de fondos responden a dos ámbitos distintos, pero conectados por una misma cuestión: la necesidad de reforzar los sistemas públicos de protección infantil.

El RCIVIA y el RUSSVI buscan mejorar la información sobre violencia contra la infancia. El reparto económico pretende sostener la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. En ambos casos, el reto está en pasar de la norma y la financiación a una aplicación territorial capaz de llegar a los servicios que trabajan directamente con menores.

El éxito de estas medidas dependerá de la calidad de los datos, de la cooperación entre administraciones y de la capacidad para transformar la información en prevención, detección temprana, recursos adecuados y atención especializada.