Las medidas de ajuste tomadas por España a partir de 2010 han traído consigo un descenso de las inversiones públicas en algunas infraestructuras tan importantes como las educativas y las sanitarias. Desde 2009, la inversión en las primeras se ha reducido a la mitad en el conjunto del país, mientras que en el sector sanitario lo ha hecho un 37%. Por regiones, las inversiones públicas en educación y sanidad han seguido este mismo patrón, y en algunas de ellas la caída de la inversión ha sido tan intensa que las dotaciones de capital acumuladas durante años ya están empezando a reducirse, con los consiguientes efectos sobre la calidad en la prestación de los servicios públicos.